El transporte masivo de carbón robado es obviamente indispensable para la consumación económica de los crímenes de esta industria delincuencial.  Los traficantes de carbón (“transportistas”) cuentan para eso con autoridades corruptas que son miembros de ese grupo delictivo y quienes les ofrecen protección e inmunidad ininterrumpida durante los largos 150Kms de recorrido entre las áreas de producción ilegal y los depósitos en donde reducidores almacenan el mineral robado. ¿Como mas podría explicarse que esta delincuencia organizada pueda hacer llegar a Trujillo aproximadamente 360,000 toneladas (18,000 camiones cargados) de carbón robado anualmente sin factura ni guía de remisión?

Esta lacra social no solamente se beneficia ilegalmente con el transporte de bienes robados y la evasión tributaria, sino que también lucran vendiendo explosivos a los delincuentes que roban carbón; también les venden productos de canasta sobrevaluados, así como madera y demás suministros necesarios para mantener sus operaciones ilegales.  Cabe resaltar que los chóferes y propietarios de los vehículos que conforman estas células delictivas son delincuentes de tercer nivel y son considerados como elementos desechables por la mafia criminal que encabezan los grandes acopiadores de carbón robado.  

La Ordenanza Regional Nro_010-2008-GR-LL-CR y el Decreto Regional 001-2009-GR-LL-PRE ordena que la Gerencia de Energía y Minas de La Libertad “destruya” el sistema de transporte ilegal que beneficia a la mafia organizada de carbón, ordena así mismo confiscar el mineral ilegal acopiado en grandes depósitos.  Eso permitiría  terminar con la infraestructura económica que permite a estos peligrosos delincuentes sobornar a autoridades y sentirse intocables.  A pesar de eso, la Gerencia de Energía Minas e Hidrocarburos de La Libertad no solamente ha ignorado esa ley mientras a estado vigente, sino que a llegado al extremo de solicitar, sin el debido sustento una extensión al plazo ya vencido para la mal llamada "formalización", la cual no es mas que una excusa política utilizada por esta mafia.

Puesto que extrañamente no se cuenta con el apoyo de la Gerencia Regional de Energía y Minas ni del Concejo de Minería de La Libertad, esperamos que al menos la SUNAT haga su labor y termine con este gigantesco caso de evasión tributaria. La SUNAT deberá detectar los bienes que estos delincuentes han obtenido por la consumación reiterada de delitos de tributarios y aplicar contra esta mafia extensas técnicas contra el lavado de activos para que sean despojados de los bienes que han obtenido como fruto de sus extensos actos ilegales.